La jueza federal Jill A. Otake rechazó la solicitud presentada por la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que buscaba frenar la entrada en vigor del nuevo gravamen. De esta manera, la norma -promulgada por el gobernador Josh Green en mayo pasado- comenzó a regir desde el 1° de enero de 2026, marcando un precedente en materia de fiscalidad ambiental aplicada al turismo.

El impuesto impone una tasa del 11% sobre las tarifas brutas pagadas por los pasajeros de cruceros, prorrateada según la cantidad de días que los barcos permanezcan en los puertos hawaianos. Además, las autoridades locales podrán sumar un recargo adicional del 3%, lo que elevaría el total al 14%.

Los fondos recaudados —estimados en 100 millones de dólares anuales— se destinarán a combatir la erosión costera, los incendios forestales y otros impactos climáticos que amenazan al archipiélago.

La industria de cruceros sostuvo que la ley viola la Constitución estadounidense al gravar a las embarcaciones por el “privilegio de ingresar a los puertos” y advirtió que encarecerá los viajes turísticos, afectando la competitividad del destino.

Sin embargo, el gobierno estatal hawaiano defendió la medida al considerarla como un paso necesario para garantizar un turismo sostenible y responsable con el entorno.

“Los operadores de cruceros deben contribuir a los costos ambientales que su actividad genera. Este impuesto permite a Hawai proteger sus recursos naturales y adaptarse al cambio climático”, afirmó la fiscal general Anne Lopez, quien anticipó que el estado defenderá la norma frente a la apelación presentada.

Con esta resolución, Hawai se convierte en referente de una tendencia global hacia modelos turísticos que buscan equilibrar la economía con la preservación ambiental. Su ejemplo podría inspirar a otros destinos costeros del Pacífico y el Caribe a adoptar mecanismos similares de financiamiento climático en los próximos años.