En España, distintos municipios implementaron sanciones específicas. En Toledo, los grupos turísticos no pueden superar las 30 personas en el casco histórico ni utilizar megáfonos, con multas de hasta setecientos euros por incumplimiento. En Segovia, cualquier daño al Acueducto romano puede costar entre 750 y 3.000 euros.

En Málaga, las sanciones por incumplir normas básicas de convivencia llegan a 700 euros, mientras que en Marbella, orinar en el mar o en la arena se castiga con hasta 1.500 euros. Más al norte, en Nigrán (Galicia), la prohibición de cavar agujeros en la playa contempla multas que pueden escalar hasta los 200.000 euros.

Las costas insulares también refuerzan sus políticas. En Baleares, la ecotasa subió a seis euros por noche en temporada alta y se estudia un impuesto adicional para vehículos vacacionales de hasta 85 euros. En las playas de Baleares y Canarias, recoger una simple almeja como recuerdo puede costar 3.000 euros de sanción.

La presión turística llevó además a limitar conductas en el uso del espacio público: en las playas catalanas está prohibido fumar, con multas de hasta 600 euros, y en varios arenales de la península se restringe el uso de altavoces portátiles.

Las autocaravanas también quedaron en la mira. Las autoridades insulares imponen multas de hasta 40.000 euros por estacionar o acampar sin autorización, buscando ordenar un segmento que creció fuertemente en los últimos años.

Con estas medidas, los gobiernos locales buscan equilibrar el atractivo turístico con la necesidad de proteger los entornos naturales, históricos y culturales, al tiempo que intentan dar respuesta a vecinos que reclaman por la saturación estival.