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El gobierno de Italia, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, impulsó una propuesta para elevar de 5.000 a 10.000 euros el límite permitido para pagos en efectivo. Esta medida incentivaría el gasto turístico y atraería visitantes de alto poder adquisitivo, especialmente de países donde el uso de dinero físico -sin transacciones digitales- sigue siendo una práctica comercial habitual.
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